Entrega Félix Costas de Q. Roo al Capital Español
Hoteleros Ibéricos, Intocables por las Leyes Mexicanas
Han Devastado Mangle y Corrompido a Autoridades
Por Alberto Barrios
Durante el sexenio de Félix González Canto, miles de hectáreas de las costas de la zona norte de Quintana Roo, principalmente en la franja conocida como Riviera Maya, se han entregado al capital español al amparo del multireformado artículo 127 constitucional, a cambio de “una precaria participación local, reducida a empleos mal remunerados y alta incertidumbre laboral”.
Al marco de corrupción de autoridades estatales y municipales que ha permitido la entrega de predios estatales, cambios municipales de usos de suelo y la devastación de recursos naturales - especialmente manglares – se suma una creciente impunidad, ya que los hoteles españoles se asumen como entes extra territoriales a los cuales no se les puede aplicar la ley mexicana, como ha sido demostrado con la explosión del Hotel Princess, una fuga de gas en Grand Coral Beach Golf & Resort y, recientemente, un accidente en el Be Live Gran Riviera Maya, en donde en los tres casos, personal de seguridad impidió el ingreso de las autoridades mexicanas a las instalaciones hoteleras.
Las empresas hoteleras españolas encontraron durante los últimos años en el Caribe mexicano tierra fértil para desarrollar un negocio más asociado a la “maquila turística” con empleados que parecen “braceros del ocio”, carentes de formación profesional, sin garantías laborales y con ingresos principales dependientes de las propinas; ahora, ante una previsible reactivación económica mundial, que tendrá a los jubilados y baby boomers como protagonistas, las cadenas hoteleras españoles impulsan “una segunda ola de internacionalización” con apoyo de créditos blandos y, en algunos casos, con “dinero negro” de la economía criminal, que es “limpiado” en operaciones de compra de terrenos; con este apoyo financiero construyen o adquieren a lo largo de la Riviera Maya y en Tulum, con un mínimo beneficio a la economía local, hoteles enfocados al Todo Incluido y Tiempos Compartidos, esquemas que generan mayor rentabilidad - por encima de la operación hotelera, parte de una estrategia que aplican tanto hoteleros españoles como mexicanos-, que proseguirá con la venta de condominios y residencias turísticas para culminar con la posesión de la tierra por parte de jubilados estadounidenses.
Lo anterior se desprende de dos investigaciones: una, de Alfonso de Jesús Jiménez Martínez - investigador profesor del área de Turismo de la Universidad del Caribe –Unicaribe-, autor del libro Cadenas Hotelera, Estrategias y Territorio en el Caribe Mexicano- y otra de Greenpeace - estudio Los Nuevos Conquistadores, Multinacionales Españolas en América Latina -.
El investigador de la Unicaribe sentencia: “el objetivo del desarrollo actual no son las divisas o el empleo, sino la rentabilidad del capital, a partir de la venta rápida y al mayor precio posible de la tierra y los beneficiarios serán los propietarios de los lotes, no la sociedad que le dio recursos y sentido a la millonaria inversión original de Cancún”.
Resalta también, ante el incremento de asentamientos de ciudadanos de EU, “derivado de la migración de baby boomers jubilados hacia destinos de playa, la importancia del litoral quintanarroense como área estratégica para la seguridad nacional, Aunque matiza como “mera especulación”, advierte que en el futuro “podrían servir como excusa para legitimizar formas de intervención directa.”
En el amplio y detallado análisis sobre las cadenas hoteleras en Quintana Roo, el investigador repasa la evolución en los años 80’s y 90’s del turismo exclusivo al turismo de masas así como el papel preponderante que ha jugado España en la internacionalización de ese fenómeno, con el apoyo crediticio de su gobierno y del sector financiero, vinculado con la economía ilícita. En ese proceso, ha sido vital la participación de las empresas hoteleras, principalmente de las islas baleares –cuna de las principales cadenas hoteleras españolas– que, tras haber devastado sus propios recursos naturales, enfocaron sus intereses hacia Latinoamérica, específicamente hacia el Caribe mexicano aprovechando afinidades de idioma y cultura derivadas de la época colonial. El libro de Alfonso Jiménez complementa lo que ya se había puntualizado en el estudio Los Nuevos Conquistadores, Multinacionales Españolas en América Latina, de Greenpeace, en donde se culpa a los consorcios hoteleros Sol Meliá , Riu y NH, de replicar el modelo de sol y playa masivo de la costa española en zonas vírgenes de América Latina, de arrasar selvas, acabar con dunas costeras y de devastar manglares.
Las Islas Baleares tienen un territorio en torno a 5.000 km2 y poco más de un millón de habitantes. El número de visitantes que reciben anualmente se ha multiplicado por 40 en sólo cuatro décadas, hasta llegar a los 13 millones de visitantes anuales (un 1,2% del turismo internacional). Al modelo de “sol y playa” inicial, se han ido añadiendo nuevos productos como el turismo asociado al golf, los deportes náuticos, el ciclismo, spa y servicios de salud, casas rurales, etc. Se ha construido hasta en los últimos rincones de las islas, y se ha producido una importantísima degradación ecológica. Todo ello, acompañado de unos elevados índices de delincuencia urbanística. En 2009 Greenpeace señaló en su informe Destrucción a toda costa que las Islas Baleares ocupan el segundo puesto en el ranking de casos de corrupción en España.
Precisamente, debido a la saturación, a la degradación ambiental y a ciertas exigencias sociales de mayor control, estos empresarios españoles de los sectores hotelero e inmobiliario ahora se dirigen a otras zonas del planeta donde pretenden recuperar los altos márgenes de beneficio que tuvieron en las islas baleares y que perdieron por la saturación del mercado.
Un fenómeno que se está produciendo actualmente en la región balear es que los empresarios promueven la conversión de sus establecimientos, ya obsoletos y bien amortizados, en viviendas de baja calidad. Los hoteleros quieren así deshacerse de esas propiedades inmuebles, mediante el cambio a uso residencial, de multipropiedad, condominio, etc. Además aumenta su interés por propiedades inmuebles para “limpiar” dinero negro, compra-venta especulativa, etc.
Se ha destacado la conexión entre las empresas transnacionales turísticas y las redes de capital especulativo conectadas a la economía criminal global; la hostelería y la construcción “se han convertido en uno de los destinatarios privilegiados de los enormes flujos de capital sin origen transparente que circulan día a día vía Internet y paraísos fiscales”. Esos flujos de capital buscan la máxima rentabilidad en el negocio turístico-inmobiliario, por ejemplo, en la construcción de megaproyectos, en hoteles que se amortizan a los pocos años, o en la compraventa de terrenos, solares o inmuebles. El negocio del alojamiento y los establecimientos comerciales irían abriendo mercados y creando enclaves a los que se hace más atractivos para la inversión inmobiliaria.
A pesar del mito de que el turismo ha llevado riqueza, un análisis más pormenorizado de la situación en Baleares ofrece datos preocupantes. El consumo energético se ha multiplicado, la economía agraria tradicional ha desaparecido, es un territorio dependiente en alimentos del exterior, con una densidad de población récord en Europa. Y es una sociedad “cada vez más desigual, con tasas de fracaso escolar muy superiores a la media nacional, con trabajadores peor pagados y estado de bienestar en situación crítica”.
OBJETIVO: EL CARIBE MEXICANO
“Las empresas españolas”, sostiene el estudio de Greenpeace, “se han caracterizado por replicar con muy pocas o nulas modificaciones el modelo empresarial que ya se conocía en las islas baleares, es decir, de sol y playa masivo, que de explotarse en el Mediterráneo y Canarias ha pasado a reproducirse en localizaciones vírgenes de América, especialmente del Caribe. En esta salida al exterior, se han aprovechado ventajas como la disponibilidad de tales espacios, la ausencia o incumplimiento de normativas ambientales, la mano de obra y los proveedores más baratos, y las facilidades que ofrecen los gobiernos receptores que, por ejemplo, construyen infraestructuras para facilitar las inversiones o, en el caso de los caribeños, incluso cambian los marcos jurídicos sobre la propiedad y protección de los terrenos, con el mismo objetivo.
“Varios grupos hoteleros españoles han sido repetidamente denunciados en México por arrasar selvas, acabar con dunas costeras y devastar manglares para llevar adelante sus proyectos, con escasas o nulas reacciones por parte de las autoridades. Se les ha acusado de prácticas depredadoras, de aniquilar los recursos naturales y de pasar por encima de todas las leyes medioambientales y laborales, incluida la Ley General de Vida Silvestre, que prohíbe la destrucción de manglares.
“Un caso especial es la Riviera Maya, en el estado caribeño de Quintana Roo. En este espacio, un día virgen y de alto valor ambiental, las hoteleras españolas tienen actualmente 35.000 habitaciones.
“El modelo utilizado es el de turismo masivo denominado “todo incluido” que no sólo destruye el medio ambiente, sino que aporta escasos beneficios económicos al país (éstos se quedan dentro de las denominadas “ciudades de vacaciones”) y atenta contra los derechos laborales.
El denominado “modelo español” ha logrado abaratar las tarifas porque, al igual que antes hizo en Baleares y la costa mediterránea española, controla todo el proceso, desde la construcción hasta la gestión, a la vez que las agencias de viajes, las compañías aéreas, e incluso importan los alimentos. Los derechos laborales también sufren fuertes mermas, con un número importante de personal que no cobra con el pretexto de que está a prueba, o por los llamados “días económicos”, en los que los empleados trabajan sin cobrar a cambio de que la empresa no inicie procesos de despidos. Hay trabajadores que llegan a dejar de percibir el 25% de su salario mensual.
Ya en la fase de construcción se dan abusos: se ha denunciado que unos 90.000 trabajadores de la construcción en Cancún y la Riviera Maya trabajan entre 10 y 11 horas diarias, por salarios de miseria y sin atención médica a pesar de que hay unos 80 accidentes laborales a la semana. En torno a la mitad pueden ser menores de edad. En el caso de México, se calcula que del total de beneficios que genera esta actividad, sólo son aportes netos para el país los recursos de compra del terreno, servicios, y el 2% de impuesto sobre el hospedaje.
Los proyectos hoteleros y turísticos se suman a la fuerte presión que ya sufren las costas mexicanas. Los 11.000 km de costa acogen a casi un tercio de la población, además de los miles de turistas que llegan cada año. La presión sobre los ecosistemas costeros es muy fuerte por la urbanización descontrolada y la construcción de hoteles y otras instalaciones. Además se siguen dando vertidos de aguas residuales urbanas e industriales. Como consecuencia de éstas y otras cuestiones, México ya ha perdido el 65% de sus bosques costeros de manglares y se estima que pierde un 2,5% anual, a un ritmo superior a cuatro hectáreas al día. Greenpeace calcula que los manglares proporcionan a este país beneficios “con un valor que va de 8.860 millones a 14.850 millones de dólares (de acuerdo con el valor estimado que proporciona cada hectárea de manglar en servicios a la pesca)”. Estos ecosistemas, además, son barreras naturales contra la erosión y muros de protección contra huracanes y tormentas.
Aún así, los hoteleros españoles integrados alrededor de la Asociación de Cadenas de Hoteles de Baleares condicionan más inversión en Quintana Roo a cambio de más facilidades, seguridad jurídica y mejor y más infraestructura, incluyendo, por supuesto, la construcción del aeropuerto de la Riviera Maya.
PRINCESS Y BE LIVE GRAND RIVIERA MAYA, IMPUNIDAD ¿O EXTRA TERRITORIALIDAD?
Ubicados a lo largo de la franja costera quintanarroense, a pié de la carretera, los complejos hoteleros inmobiliarios han instalado accesos restringidos que hacen imposible el ingreso a las instalaciones, inclusive en casos de emergencia.
Por lo menos hay tres casos registrados que reflejan la impunidad con que se comportan los empresarios españoles en el Caribe Mexicano, como si gozarán del principio de extra territorialidad. Mientras el gobernador Félix González Canto y el electo Roberto Borge difundían sus buenos oficios para dirimir una disputa entre los consorcios españoles Globalia y Oasis, en uno de los hoteles propiedad de los españoles se cometía un nuevo acto de impunidad. En el hotel Be Live Grand Riviera Maya - ex Oasis Akumal – dos turistas colombianas de la tercera edad, Elsa y María Silva Rodríguez, de 70 y 72 años, cayeron del balcón de su habitación desde un tercer piso. Para evitar que se conociese del accidente, personal de seguridad impidió a las autoridades de Protección Civil del Ayuntamiento de Tulum, el ingreso a las instalaciones violando todo procedimiento jurídico.
El otro caso más dramático fue el del hotel Princess, en donde una explosión por gases acumulados bajo un restaurante provocó la muerte de dos turistas canadienses. Ni autoridades y mucho menos los periodistas pudieron ingresar en los primeros momentos, al grado que reporteros y camarógrafos fueron vapuleados por agentes de seguridad privada.
Recientemente, en el complejo Grand Coral Beach Golf & Resort, en el Bulevar Playa del Carmen, inspectores de Protección Civil del ayuntamiento de Solidaridad tampoco pudieron ingresar a las instalaciones del hotel Sandos Caracol para verificar una fuga de gas L.P., ante la negativa de los guardias de seguridad quienes tienen instrucciones de impedir el paso de cualquier persona no autorizada por los ejecutivos españoles.
Lo cierto es que los empresarios españoles no tienen credibilidad ni en su propio país, en donde se han expresado dudas sobre su actitud. Desde que en ese país, en el 2006, la Fundación Carolina y el Centro de Estudios Sociológicos –CIS- aplican un Barómetro sobre la actuación de las empresas españoles en América Latina, un porcentaje mayoritario de los ciudadanos cree que las empresas españolas actúan en América Latina con menos responsabilidad ambiental y social que cuando operan en su propio país, frente a sólo un 23% que cree que operan con la misma responsabilidad. Como consecuencia, hasta un 75% coincide en que el gobierno debería esforzarse y favorecer una mayor implicación de las empresas en cuestiones de responsabilidad ambiental, laboral y social, y en la lucha contra la corrupción.
Además, como parte de su estrategia para contrarrestar la ola de indignación y rechazo que ha generado en Quintana Roo su actitud depredadora, acaban de constituir la delegación de la Cámara de Comercio Española, cuyo representante es Jean Agarrista, un francés nacionalizado español, también presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, quien en su desdén por los organismos empresariales mexicanos se niega a integrarse al Consejo Coordinador Empresarial de la región, que es presidido por Juan de Dios Chan, un empresario de orígenes mayas.
La Cámara Española de Comercio Delegación Quintana Roo está integrado por Jean Agarrista (Occidental Royal Hideaway), Javier Marañón (Cónsul Honorario de España), Xavier Zaguirre (Grupo Cyden), Jordi Mercadé (Grand Coral), Jordi Solé (Iberostar), Joaquín Serna (TM Grupo Inmobiliario), Raul Petraglia ( Me Meliá), Benjamín Mejía (La Amada), José L. Caneiro (Grand Palladium), José Manuel Gómez (Iberhouse), Agustín Sarasola (OHL), Antonio Fernández (RH 10), Jesús Guilabert (Hansa Urbana), Roberto Martín (La Europea), Italo Sanpablo (Hospiten) y Jordi Llarens (Viajes El Corte Inglés).
GONZALEZ CANTO: ¿PROXIMO EMBAJADOR EN ESPAÑA?
Es en este marco que el gobierno de Félix González Canto ha mantenido desde el inicio de su mandato un acercamiento privilegiado con los hoteleros españoles. En el libro del catedrático Alfonso de Jesús se registra: “Un mes después de asumir el cargo, en el 2005, se reúne en Palma de Mallorca, en el hotel Meliá Victoria con los más importantes hoteleros baleares: Gabriel Escarrer –Sol Meliá-; Simón Barceló –Grupo Barceló-; Pablo Piñeiro –Bahía Principe-; Cármen Riú –Hoteles Riú-; Abel Matutes –Hoteles Fiesta y Palladium- y Miguel Fluxá –Iberostar-. Dos días antes, en Madrid se había reunido con las otras estrellas de la constelación turística de España, a saber, Grupo Oasis, Occidental Hoteles, Globalia, Grupo Hesperia, Grupo Playa Hoteles y Grupo Mar OHL” a las que prometió apoyo para su desarrollo. Seis años después, el 20 de enero del 2011, a pocos meses de concluir su gobierno, en el marco de la FITUR, la feria turística más importante de España, el presidente del grupo OHL, Juan Miguel Villar Mir, le expresó a Félix González Canto: "Cumplió usted señor Gobernador… cumplió su promesa de mejorar la infraestructura de apoyo, con mejores carreteras, más comunicaciones y mejores playas”.
Para el investigador mexicano, de esos acuerdos “se derivaron inversiones con muy alta rentabilidad para unos y para los otros una precaria participación local, reducida a empleos frecuentemente mal remunerados y con una alta incertidumbre laboral”. De hecho, dice, son señales indignas de flexibilidad legal, económica y de recursos que deviene en postración social.
Incluso recuerda que el senador Pedro Joaquin Coldwell ha sostenido que los hoteleros españoles no requieren de “ningún apoyo por parte de instancias turísticas oficiales de México” para hacer “lo que están haciendo y para lograr la altísima rentabilidad que tienen”. El también ex Secretario de Turismo ya ha advertido que en Quintana Roo “se ha pasado a un crecimiento acelerado y a la pérdida de control de los planes de desarrollo urbano y del uso de suelo.”
La dinámica cercanía que ha mantenido desde el inicio de su mandato el todavía gobernador de Quintana Roo, Félix González Canto, con los inversionistas españoles, a decir de columnistas políticos, tiene un objetivo: ser embajador de México en España.
Obstáculos para realizar la investigación:
Cuenta el investigador de la Unicaribe, Alfonso de Jesús Jiménez Martínez que en general, los hoteleros de la Riviera Maya se negaron a participar en este trabajo, pese a que se les hizo llegar una carta de presentación con el respaldo de la Universidad del Caribe y el auxilio de la Asociación de Hoteles de Cancún (AHC) y de la propia Asociación de Hoteles de la Riviera Maya. No se obtuvo respuesta alguna.
La inversión española en la entidad representa más del 65 por ciento del capital hotelero en la Riviera Maya.
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