Presione sobre la fotografía de Palazuelos para escuchar la entrevista que le hizo el comentarista de la televisión oficial, del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, al actor y empresario Roberto Palazuelos, durante la cual asegura haber hablado con "importantes funcionarios" para detener las acciones de
la Procuraduría Federal de Protección Ambiental en Quintana Roo y durante la cual amenaza de muerte a Alfredo Arellano, director de
la Comisión Nacional Para el conocimiento y uso de
la Biodiversidad -CONABIO-, una institución federal. Palazuelos es uno de 2 empresarios que, tras haber sido clausurado el hotel que construyó dentro del Parque Nacional de Tulum, rompió los sellos, por lo cual ha sido denunciado ante
la Procuraduría General de
la República., por lomcual es muy probable que sea aprehendido y encarcelado.
De acuerdo a la información de
la PROPFEPA:
Derivado de las clausuras impuestas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), los pasados días 3 y 4 de julio a los Hoteles Alternature, Mayan Grill, Diamante K, Mezzanine, Ivera y Tankah I (fracción II), ubicados en Tulum, Q. Roo, la Delegación en esta entidad verificó el estado que guardaban los 6 hoteles inspeccionados, constatándose que en 2 de ellos se registraron incumplimientos a la Ley.
Ante estos hechos, el día de ayer se acudió a la Agencia del Ministerio Público Federal de la PGR en Cancún a presentar querellas en contra de los hoteles Diamante K y Mezzanine, ya que continuaron recibiendo turistas nacionales y extranjeros, violando la disposición contenida en el documento de clausura.
Este tipo de conductas de desacato a las medidas de seguridad impuestas por la Profepa, se encuentran previstas en el artículo 420 Quatter, fracción V del Código Penal Federal, cuyas penas van de 1 a 4 años de prisión y multa de 300 a 3000 días de salario mínimo.
Cabe destacar que también fue presentada una denuncia formal en contra del Hotel Mezzanine por probables hechos previstos en el artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales, consistentes en el uso, aprovechamiento y explotación de las playas donde se ubica esa instalación turística, sin contar con la autorización correspondiente. Las sanciones a este artículo son de 2 a 12 años de prisión y multa de 300 a 1000 veces el salario mínimo.
La Profepa reitera que seguirá rigiendo su actuar en éste y en todos los casos con estricto apego a de
recho.
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