LEYES FEDERALES CONTRA INVERSIONISTAS ESPAÑOLES EN EL CARIBE MEXICANO EN EL MARCO DE LA GUERRA INTERNA PANISTA
Por Alberto Barrios (caribeinversion@hotmail.com)
Cancún.- Fue a partir del jueves 17 de mayo, tras la espectacularmente visceral destitución del delegado de la Semarnat, Carlos Rafael Muñoz Berzunza, que inició lo que para unos se ha convertido en acoso contra los inversionistas extranjeros y nacionales, mientras que para otros es la aplicación a raja tabla de las leyes ambientales y urbanas, que en el auge del crecimiento económico, han sido incumplidas por el capital que arriba al Caribe Mexicano.
Desde aquella fecha, se han detenido obras, se han clausurado hoteles, se han cerrado las puertas a las negociaciones y cualquier protesta se encauza vía la fuerza de la Ley federal, teniendo como punta de lanza a la Semarnat, a la Profepa y a la PGR y no necesariamente en ese orden.
"Simplemente, no sabemos qué está sucediendo, pero parece que somos rehenes de un conflicto entre grupos políticos panistas que están peleándose el poder", se queja un empresario español, representante de una de las más importantes firmas inversionistas en la entidad, que no se atreve a plantear públicamente sus inquietudes.
El se refiere a los grupos políticos encabezados, por un lado por Manuel Espino, el todavía presidente del PAN, cabeza visible del grupo conocido como El Yunque, con el que aparentemente están identificado Carlos Rafael Muñoz Berzunza y su ex jefe José Luis Luege Tamargo -ex titular de la Semarnat y actual director de la Comisión Nacional del Agua-.
Por el otro lado se encuentran los funcionarios leales al Presidente Felipe Calderón, quien no solamente se ha pronunciado insistentemente como un férreo defensor de la ecología, sino que emitió la Ley de Vida Silvestre que prohibe el daño al manglar. En ese sentido, dependencias federales como la Semarnat y la Procuraduría Federal de Protección Ambiental -PROFEPA-, que en las últimas semanas, tras casi 6 meses de que estuvo acéfala la delegacíón Quintana Roo, se han convertido, aparentemente, en las ejecutoras del largo brazo de las leyes federales en materia ambiental. Para algunos analistas, simplemente se trata de una venganza política en contra del grupo de Manuel Espino, en tanto que tampoco ven animadversión en específico hacia los españoles. “Se trata”, simplemente, “de aplicar la ley”, como el caso reciente en que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó el permiso, en la Laguna Nichupté, del proyecto denominado "Ampliación Marina Náutica Blue Star", de la Marina Barracuda, de empresarios mexicanos o la clausura del delfinario Delphinus, del grupo Xcaret, dentro del hotel Dreams.
Decenas de proyectos en Cancún -en donde el Municipio autorizó ampliaciones o construcciones bajo el ilegal régimen Turístico Hotelero Especial THE-, así como a lo largo de la Riviera Maya han sido sometidos a minuciosas investigaciones, tras repetidas quejas de grupos ambientalistas, uno de los cuales, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental -CEMDA-, sobrevuela constantemente la costa mexicana y se ha convertido en asesor federal en el tema. Los proyectos españoles han sido los más afectados porque representan el mayor porcentaje de inversiones. Lo mismo Hoteles en construcción como el NH Puerto Morelos y el Oasis Palm Beach, o proyectos de remodelación como el Bahía Principe y hoteles en operación, como el Oasis Viva Beach, han sufrido la aplicación de la Ley ambiental. La argumentación legal es que carecen de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). También destaca que el pasado 21 de septiembre bajo la clasificación de actas de clausura después de haber realizado inspecciones en el área de construcción, la delegación estatal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, clausuró tres construcciones de hoteles en el corredor Cancún Riviera Maya por violar la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, así como la ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
Fueron los hoteles H10 Punta Coral -que se plantea con 296 habitaciones y 23 suites, del consorcio español Jactar S.A. de C.V., que también construye el H10 Punta Turquesa -, y el NH en Puerto Morelos, así como el Princess en la alcaldía de Tulum dentro del municipio de Solidaridad. Estos centros de hospedaje son acusados de haber devastado área de manglar, además de especies como: ciricote de playa, palma de cocotero, uva de mar, chechén, y palma chit.
Junto con la aplicación de la ley Federal también se emitió una orden municipal para detener la construcción del hotel NH Puerto Morelos, un hotel de 600 habitaciones, con una inversión superior a los 240 millones de dólares que construye en la Riviera Maya el Grupo Martinón -GRUMASA- de España.
Violaciones a las normas urbanas y ambientales, denunciadas por el grupo registradas tanto en fotos como en videos, finalmente obligaron a las autoridades municipales a detener las obras de construcción de este complejo que se construía cerca del poblado Puerto Morelos, al sur de Cancún, en las costas mexicanas, en donde actualmente se construyen otros complejos turísticos, mayoritariamente con inversión española.
Igualmente, en fechas recientes, la delegación de la Profepa en Quintana Roo, clausuró 15 mil metros cuadrados de la zona marítima del Hotel Bahía Príncipe, en Cancún, debido a la forma en cómo se realizaba el relleno de playas en el lugar.
Más del 80 por ciento de las inversiones hoteleras en la Riviera Maya son de inversionistas españoles como Grupo Meliá, OHL, NH, Hoteles Riu, Globalia, Viajes Marsans, Barceló y Grupo Martinon Grumasa. Además de las violaciones a las normatividad urbana y ambiental, en el complejo NH Puerto Morelos, los contratistas mexicanos concentraban a cientos de trabajadores indígenas mexicanos -provenientes en su mayoría de Chiapas, un estado sureño, de los más pobres del país- en condiciones denigrantes.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental -CEMDA- que dirige Patricio Martí, uno de los principales detractores de las violaciones cometidas por los inversionistas españoles se ha congratulado de las acciones de la Profepa y la Semarnat, pero para otros consultores, "se corre el riesgo de generar, incluso, un conflicto diplomático". El problema no es que se apliquen las leyes, sino que se cierren las puertas a toda negociación legal.
Cancún.- Fue a partir del jueves 17 de mayo, tras la espectacularmente visceral destitución del delegado de la Semarnat, Carlos Rafael Muñoz Berzunza, que inició lo que para unos se ha convertido en acoso contra los inversionistas extranjeros y nacionales, mientras que para otros es la aplicación a raja tabla de las leyes ambientales y urbanas, que en el auge del crecimiento económico, han sido incumplidas por el capital que arriba al Caribe Mexicano.
Desde aquella fecha, se han detenido obras, se han clausurado hoteles, se han cerrado las puertas a las negociaciones y cualquier protesta se encauza vía la fuerza de la Ley federal, teniendo como punta de lanza a la Semarnat, a la Profepa y a la PGR y no necesariamente en ese orden.
"Simplemente, no sabemos qué está sucediendo, pero parece que somos rehenes de un conflicto entre grupos políticos panistas que están peleándose el poder", se queja un empresario español, representante de una de las más importantes firmas inversionistas en la entidad, que no se atreve a plantear públicamente sus inquietudes.
El se refiere a los grupos políticos encabezados, por un lado por Manuel Espino, el todavía presidente del PAN, cabeza visible del grupo conocido como El Yunque, con el que aparentemente están identificado Carlos Rafael Muñoz Berzunza y su ex jefe José Luis Luege Tamargo -ex titular de la Semarnat y actual director de la Comisión Nacional del Agua-.
Por el otro lado se encuentran los funcionarios leales al Presidente Felipe Calderón, quien no solamente se ha pronunciado insistentemente como un férreo defensor de la ecología, sino que emitió la Ley de Vida Silvestre que prohibe el daño al manglar. En ese sentido, dependencias federales como la Semarnat y la Procuraduría Federal de Protección Ambiental -PROFEPA-, que en las últimas semanas, tras casi 6 meses de que estuvo acéfala la delegacíón Quintana Roo, se han convertido, aparentemente, en las ejecutoras del largo brazo de las leyes federales en materia ambiental. Para algunos analistas, simplemente se trata de una venganza política en contra del grupo de Manuel Espino, en tanto que tampoco ven animadversión en específico hacia los españoles. “Se trata”, simplemente, “de aplicar la ley”, como el caso reciente en que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó el permiso, en la Laguna Nichupté, del proyecto denominado "Ampliación Marina Náutica Blue Star", de la Marina Barracuda, de empresarios mexicanos o la clausura del delfinario Delphinus, del grupo Xcaret, dentro del hotel Dreams.
Decenas de proyectos en Cancún -en donde el Municipio autorizó ampliaciones o construcciones bajo el ilegal régimen Turístico Hotelero Especial THE-, así como a lo largo de la Riviera Maya han sido sometidos a minuciosas investigaciones, tras repetidas quejas de grupos ambientalistas, uno de los cuales, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental -CEMDA-, sobrevuela constantemente la costa mexicana y se ha convertido en asesor federal en el tema. Los proyectos españoles han sido los más afectados porque representan el mayor porcentaje de inversiones. Lo mismo Hoteles en construcción como el NH Puerto Morelos y el Oasis Palm Beach, o proyectos de remodelación como el Bahía Principe y hoteles en operación, como el Oasis Viva Beach, han sufrido la aplicación de la Ley ambiental. La argumentación legal es que carecen de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). También destaca que el pasado 21 de septiembre bajo la clasificación de actas de clausura después de haber realizado inspecciones en el área de construcción, la delegación estatal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, clausuró tres construcciones de hoteles en el corredor Cancún Riviera Maya por violar la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, así como la ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
Fueron los hoteles H10 Punta Coral -que se plantea con 296 habitaciones y 23 suites, del consorcio español Jactar S.A. de C.V., que también construye el H10 Punta Turquesa -, y el NH en Puerto Morelos, así como el Princess en la alcaldía de Tulum dentro del municipio de Solidaridad. Estos centros de hospedaje son acusados de haber devastado área de manglar, además de especies como: ciricote de playa, palma de cocotero, uva de mar, chechén, y palma chit.
Junto con la aplicación de la ley Federal también se emitió una orden municipal para detener la construcción del hotel NH Puerto Morelos, un hotel de 600 habitaciones, con una inversión superior a los 240 millones de dólares que construye en la Riviera Maya el Grupo Martinón -GRUMASA- de España.
Violaciones a las normas urbanas y ambientales, denunciadas por el grupo registradas tanto en fotos como en videos, finalmente obligaron a las autoridades municipales a detener las obras de construcción de este complejo que se construía cerca del poblado Puerto Morelos, al sur de Cancún, en las costas mexicanas, en donde actualmente se construyen otros complejos turísticos, mayoritariamente con inversión española.
Igualmente, en fechas recientes, la delegación de la Profepa en Quintana Roo, clausuró 15 mil metros cuadrados de la zona marítima del Hotel Bahía Príncipe, en Cancún, debido a la forma en cómo se realizaba el relleno de playas en el lugar.
Más del 80 por ciento de las inversiones hoteleras en la Riviera Maya son de inversionistas españoles como Grupo Meliá, OHL, NH, Hoteles Riu, Globalia, Viajes Marsans, Barceló y Grupo Martinon Grumasa. Además de las violaciones a las normatividad urbana y ambiental, en el complejo NH Puerto Morelos, los contratistas mexicanos concentraban a cientos de trabajadores indígenas mexicanos -provenientes en su mayoría de Chiapas, un estado sureño, de los más pobres del país- en condiciones denigrantes.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental -CEMDA- que dirige Patricio Martí, uno de los principales detractores de las violaciones cometidas por los inversionistas españoles se ha congratulado de las acciones de la Profepa y la Semarnat, pero para otros consultores, "se corre el riesgo de generar, incluso, un conflicto diplomático". El problema no es que se apliquen las leyes, sino que se cierren las puertas a toda negociación legal.
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